Hablando con un buen amigo mío, también dedicado a estos menesteres de los dineros en la vida religiosa, me dijo que uno de los asuntos que había que considerar en la economía de los institutos religiosos era el precio de la paz. De buenas a primeras no le entendí. Pedí que me lo explicase. Lo hizo. Y entonces se me hizo la luz suficiente para entender que la paz también tiene un coste, que en ocasiones, aun resolviendo un problema a corto plazo, puede ser tan oneroso que podría comprometer el futuro de la institución a largo plazo (y aquí vuelve a aparecer el tema del patrimonio estable).
Me dijo que a veces tocar el estatus quo puede ser peligroso en las comunidades o en las actividades. La vida religiosa tiene esa implicación entre trabajo y familia que hace que en muchas ocasiones sea difícil para los gobiernos tomar decisiones que se ven con claridad pero que pueden afectar o herir a determinadas personas. Porque las personas se terminan envolviendo y confundiendo con las actividades y con los edificios de tal manera que se hace difícil tocar a estas sin herir a aquellas.
Esto que acabo de decir no es nada nuevo. Lo sabe cualquiera que haya pertenecido a un gobierno provincial o, sin haber estado en ese servicio, cualquiera que haya tenido los ojos abiertos a la realidad.
Se pueden poner muchos ejemplos. Desde el colegio que, a todas luces, habría que cerrar por ser claramente deficitario, porque cada vez hay menos niños, porque no tiene futuro pero que no se cierra porque las personas implicadas han pasado allí muchos años, casi toda una vida, y lo defienden con uñas y dientes. Casi podríamos decir que se han hecho fuertes en la actividad. La conclusión es que la provincia se hace cargo de los déficits durante años (mientras que hay dinero claro y el déficit es tratable, claro) y la actividad sigue su ruta. Porque, en el fondo y en la superficie, nadie se atreve a enfrentarse al padre tal o a la madre cual.
También serviría como ejemplo los edificios en los que viven las comunidades. Bien usados en los tiempos de comunidades con mucho personal. Hoy quizá viviendo 4 personas donde antes vivían 25. Pero nadie se atreve a tomar la decisión de hacer un cambio hacia un piso alquilado y a aprovechar de otra manera más racional los muchos metros cuadrados de aquel edificio tradicional. Me atrevería a asegurar que en algunas casas de religiosos o religiosas, cada miembro de la comunidad toca a más de 100 metros cuadrados. Y son edificios situados muchas veces en el centro de las ciudades, donde los alquileres están por las nubes.
Pues eso, que la paz tiene un precio. Que, como tantas veces la mirada se nos queda fijada en el corto plazo, mantenemos año a año situaciones insostenibles que van drenando nuestros fondos de reserva, siempre escasos. Y por la paz de ahora, ponemos en peligro la viabilidad del instituto a largo plazo (patrimonio estable).
Habrá que buscar una vía a la hora de tomar decisiones para que, por supuesto, éstas respeten a las personas de hoy, pero sin olvidar que hay que respetar también a las futuras generaciones de religiosos que van a ver mermados sus recursos disponibles para la misión por no querer hoy enfrentar los problemas y buscar soluciones realistas. No se puede comprar hoy la paz al precio de hacer la vida más difícil a los religiosos de mañana.
Estimado Fernando, totalmente de acuerdo con tus comentarios, de nuevo. Y en este sentido vuelvo a insistir en la figura de un asesor externo al instituto. Para este caso de vital importancia en el sentido económico de la institución, habría que diseñar unos planes económicos de un periodo de tres, cinco o siete años, para definir los espacios necesarios de utilidad para la orden y los espacios que se pudieran rentabilizar. Evidentemente sin tocar el denominado patrimonio estable de la institución. Éste asesor externo se ocuparía de diseñar los planes de viabilidad donde se incluyan los costes necesarios de la adaptación de los edificios a las nuevas
realidades plan de ingresos gastos etc.