Estamos todos todavía leyendo el último documento de la CIVCSVA, Economía al servicio del carisma y de la misión, de 2018. Y casi se nos ha olvidado que antes, en 2014, se hizo público otro documento, Líneas orientativas para la gestión de los bienes en los Institutos de Vida Consagrada y en las Sociedades de Vida Apostólica, más breve pero muy interesante que abrió el camino a que pensásemos en estos temas de la administración. Hoy quiero recordar algo que decía este documento previo y que me parece que es muy importante a la vez que verdad de perogrullo: que la responsabilidad es nuestra.

Vamos al texto. Lo recojo textualmente, aunque pueda ser un poco largo:

Teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones económicas y financieras en la gestión de los bienes y de las obras, hoy en día, es casi imposible prescindir de la colaboración con técnicos, laicos o miembros de otros Institutos. Sin embargo, hay que evitar dos extremos: por un lado no servirse de asesores para no gastar dinero, corriendo así el riesgo de incurrir en problemas legales, económicos y fiscales; y por otro, gastar el dinero del Instituto en asesoramientos, emprendidos sin discernimiento, que no siempre son eficaces. Es bueno recordar que la responsabilidad última de las decisiones en materia administrativa, económica, de gestión y financiera, incumbe siempre al Instituto y no es posible dejarla en manos de laicos o miembros de otros Institutos. Por consiguiente, los asesores pueden ser de ayuda, pero no pueden reemplazar a los responsables del Instituto. (pp. 12-13)

El subrayado, como es natural es mío. Voy a repetir: lo que dice el texto es de mero sentido común. Los asesores nunca se pueden convertir en decisores. Los asesores, por pura definición, asesoran. Los que tienen que tomar la decisión son los responsables del gobierno del instituto. Por tanto, ellos y solo ellos son los responsables de las decisiones que se tomen. Para bien y para mal. Cuando los resultados son buenos y cuando son, como sucede de vez en cuando, malos. Es decir, la responsabilidad es nuestra.

Digo esto porque a veces nos gusta pasar la responsabilidad a esos otros que nos asesoran. Declaramos nuestra incompetencia y decimos que firmé porque él me dijo que era bueno firmar. Cuando salen las cosas bien,    nos alegramos y cuando salen mal, pues ya tenemos a quién echar la culpa. Y nos quedamos tan tranquilos. En todo caso, cambiamos de asesor. Y a ver cómo amanece al día siguiente.

Pero no es así. No podemos declararnos incompetentes –que es posible que lo seamos–por siempre. Por la sencilla razón de que, si lo somos, tenemos la obligación de dejar de serlo, de estudiar, de aprender, de formarnos. Para entender bien lo que nos dicen y aconsejan los asesores. Para ser nosotros los que marcamos el paso, la dirección y los criterios que marquen nuestras decisiones económicas y de administración.

Porque la responsabilidad última, como dice el documento, es nuestra y nada más que nuestra. Y no podemos dejar que otros, ni siquiera los laicos a los que hemos contratado, tomen decisiones por nosotros, jueguen con lo nuestro y, en algunos casos, hasta lleguen a poner en peligro el futuro de nuestros institutos. No vale mirar para otro lado.

Mirar para otro lado es lo que hacemos a veces. Sobre todo, cuando hacemos evaluación en capítulos y reuniones. Pues que sepamos que no lo debemos hacer. Que la responsabilidad nos obliga a dar cuentas. A evaluar sin miedo y con transparencia total.