La vida de los ecónomos o administradores de las comunidades tiene sus complicaciones. Muchos de ellos, posiblemente la mayoría, carecen de una preparación específica. Les ha tocado hacer ese servicio porque quizá en su comunidad no hay nadie más con capacidad para ello. Con mucha generosidad, se han ofrecido a hacerlo.

Una vez asumido el servicio, de repente caen en su mesa cuentas corrientes, un programa informático del que desconocen todo, facturas, cartas de las administraciones públicas reclamando pagos o informaciones y muchas otras cuestiones a las que se tienen que enfrentar. Les toca ser la persona de mantenimiento de la comunidad. A veces hasta se terminan encargando de reponer las bombillas fundidas. Ciertamente son los que se encargan de llamar a la empresa o al señor que arregla desde la nevera hasta la cerradura. También hay muchas posibilidades de que les toque hacer las compras de lo necesario para el diario sustento de la comunidad. Y si no lo hacen ellos/ellas, seguro que se les pide que controlen lo que se compra. Se tienen que hacer cargo de unos presupuestos y responsabilizarse de que gastos e ingresos de la comunidad están en línea con lo presupuestado. Tienen que preparar informes para la administración provincial, acudir a reuniones periódicas y muchas otras cosas.

Todo eso lo hacen con mucha buena voluntad. Por eso, entiendo que la administración provincial, entre otras muchas funciones, tiene que ser una oficina al servicio de los administradores o ecónomos de las comunidades. Su función en este asunto es tratar de hacer más llevadera y fácil la vida de esos administradores. No se trata de exigirles, imponerles ni cargarles con más trabajo, sino precisamente lo contrario: ayudar, facilitar, aligerar. Siempre en la medida de lo posible. Para que el administrador local pueda, al tiempo que hace su servicio, imprescindible para la comunidad, continuar con su labor evangelizadora, con su misión dentro de la comunidad.

Ese facilitar, ayudar, aligerar, pasa muchas veces, con toda seguridad, por centralizar determinados servicios y compras. No se trata de quitar la autonomía a las comunidades sino de facilitar el desempeño de su misión. Desde la administración provincial se pueden llevar las contabilidades de las comunidades, haciendo que los ecónomos locales no lleven más que un diario de banco y caja y enviando esa información periódicamente a la administración provincial, donde se meterá en el programa pertinente de contabilidad. Se pueden centralizar las compras de muchos suministros y mantenimientos: desde el mantenimiento del ascensor hasta la contratación del suministro de electricidad. Se pueden centralizar las cuentas corrientes y su contabilización. Eso ya es posible en muchos países. Todo eso facilita la vida y el trabajo del administrador local.

En este punto de la relación entre los administradores de las comunidades y la administración provincial se pueden hacer muchas cosas, se puede echar imaginación. Pero siempre con un objetivo y finalidad única: facilitar su trabajo. Para que las fuerzas menguantes de que disponemos, se puedan seguir concentrando en la tarea misionera sin descuido de esa tarea de administración y servicio a la comunidad que es, por supuesto, imprescindible.

Quizá sería bueno que en los comentarios a esta entrada, los lectores fuesen aportando ideas concretas de lo que en sus institutos y/o provincias se hace ya en orden a facilitar esta tarea de los administradores locales. Podría ser de ayuda para todos.